El caso de Rossana Artero es muy particular dentro de la política: ingeniera química sin pasado militante, llegó a una banca en el Concejo Deliberante de Rawson en 2008 dentro de un partido vecinal, y luego recibió la oferta de Carlos Eliceche en 2011 para ser la candidata del FPV, con lo que llegó a la intendencia. Fue reelecta por el PJ en 2015, pero a comienzos de este año rompió con el peronismo a pesar del apoyo del candidato a gobernador Carlos Linares, y cerró un acuerdo con Chubut al Frente para integrarse a la lista de diputados provinciales que acompañaba al gobernador Mariano Arcioni. Su gestión siempre recibió duros cuestionamientos internos, pero de todos modos hasta hace apenas unos meses atrás, cuando era tentada tanto por las listas de la oposición como por las del oficialismo, la figura de Artero seguía pareciendo una carta de triunfo que se disputaban los dos principales partidos, que incluso la llevó a auto adjudicarse el amplio triunfo del arcionismo el 9 de junio en la capital.

En este contexto de caos, y luego de dos inasistencias consecutivas de Artero al Concejo Deliberante para dar explicaciones, los ediles decidieron suspenderla en el cargo hace 45 días para iniciarle un juicio político, por lo que asumió de manera interina en su lugar el pasado 20 de agosto la concejal oficialista Araceli Di Filippo. Si bien la suspendida intendenta recurrió al Superior Tribunal de Justicia objetando el procedimiento -por lo que la Corte deberá dirimir en breve sobre este conflicto de poderes-, el proceso siguió su curso y esta semana la notificaron del dictamen de la Sala de Acusar, y se fijó para el próximo 18 de octubre -10 días antes de las elecciones donde se definirá el próximo intendente- la audiencia de inicio del debate donde se va a leer la acusación completa en su contra para darle a la acusada la posibilidad de defenderse ante cada uno de los más de 20 hechos que se le endilgan.

Ese día comenzará el juicio propiamente dicho, en el que tres miembros de la Sala de Acusar, los concejales Dulio Monti (UCR), Nora Banuera y Sebastián Curtale (PJ) harán de fiscales ante un tribunal que estará integrado por los miembros de la Sala de Juzgar, los concejales Gisel Genoff, Marcos Tarumán, Daniel Boillos, Daniel Paredes y María Laura Nievas, quienes en un proceso que no podrá durar más de 30 días, deberán resolver si Artero es o no destituida de su cargo.

LOS CARGOS

Un capítulo muy importante de la acusación será la cuestión ambiental, justamente el eje fuerte de la campaña electoral de Artero en 2011, cuando prometía erradicar los basurales a cielo abierto en 90 días. Los concejales le pedirán explicaciones por la abultada deuda con el Girsu -el consorcio que maneja los residuos sólidos urbanos en el valle-, que supera los $ 5 millones más intereses en 2018 y llega a más de $ 6,6 millones en cuatro meses de 2019, y que estiman superaría los $ 12 millones más intereses en la actualidad. Según los acusadores, es inexplicable tal deuda teniendo en cuenta que el municipio recauda dos tasas en ese concepto, una de ellas a través de la boleta de la cooperativa de Servicios Públicos, por lo que no debieran existir mayores atrasos si el dinero hubiera sido destinado para ese fin.

MANEJO DE FONDOS

 

Artero deberá responder además por varios hechos sobre el manejo de fondos con asignación específica que nunca se ejecutaron, y que según los ediles acusadores, fueron utilizados para gastos corrientes, lo que motivará una demanda judicial. Citan por ejemplo los más de $ 800 mil del subsidio que arribaron del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en noviembre pasado para la adquisición de equipamiento e insumos de refacciones para las Casas Tuteladas, destinadas a los adultos mayores, obras que nunca se realizaron a pesar de haber sido depositada la plata en el Banco Nación. También cuestionan el uso de la plata del convenio firmado en mayo con el Ministerio de Salud de la Provincia, que destinó más de $ 4 millones exclusivamente para la compra de un equipo de digitalización de rayos X para el Hospital “Santa Teresita”, que fueron depositados a una cuenta del municipio pero nunca se inició el expediente para la compra del equipo comprometido.

Por otra parte, le adjudican a Artero la responsabilidad en la crisis del transporte urbano de pasajeros que presta la empresa Bahía S.R.L., ya que aseguran que el municipio nunca llamó a una nueva licitación pública por la concesión vencida, y como consecuencia de todos los desacuerdos y “desinterés” a lo requerido por la empresa, se generó una demanda donde se reclama la suma de $ 33 millones en concepto de subsidios, a lo que hay que sumarle los intereses, arrojando una deuda estimada en $ 50 millones.

INCUMPLIMIENTO

Otros puntos de la extensa acusación, refieren a varios incumplimientos en sus funciones que estipula la Carta Orgánica. Por ejemplo, mencionan la falta de designación de un nuevo juez de faltas municipal, ya que el mandato de Silvia Bustos venció el 22 de noviembre de 2018 y nunca no se envió ninguna terna de postulantes al Concejo Deliberante, lo que dicen, “marca un total desinterés acerca de la composición del Poder Judicial Municipal”.

También se le reprocha no acudir a las dos citaciones que hizo el Concejo Deliberante en julio y agosto, lo que consideran “falta grave”, ya que entienden fueron faltas injustificadas, especialmente la última, aduciendo falta de garantías de seguridad. Y respecto al Poder Legislativo, afirman que Artero nunca permitió el correcto y normal desenvolvimiento, sea porque nunca se implementó sistema de Boletín Oficial alguno, o por no remitir las Resoluciones al Concejo, o por no responder ninguno de los informes requeridos en los últimos tres años.

En el largo listado de hechos de la acusación que no se agotarán en esta nota, se enumeran una gran cantidad de expedientes que mostrarían el incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo por parte del municipio, producto de contrataciones en los que no surgiría que se haya pedido al menos tres presupuestos para elegir el contratante al mejor precio ofrecido, ni tampoco hubo una imputación preventiva del gasto para prever su pago, ni firma de contrato de obra que delimite correctamente las obligaciones y derechos de las partes.

INTERROGANTES

Está claro que Rawson vive una crisis política importantísima, aunque no es extraña, ya que hace 17 años también el Concejo Deliberante destituyó al ex intendente Pablo Helmer a través de un juicio político. Pero en este caso hay un agravante, que es la falta absoluta de recursos sumada a la casi nula recaudación impositiva, lo que genera gran preocupación para quienes asuman en diciembre en el despacho municipal, que deberán afrontar juicios y deudas millonarias, sin tener posibilidad de acceso al crédito.

Y las preguntas que también se escuchan en la capital, tienen que ver con anticiparse a un juicio cuya suerte parece echada de antemano, con denuncias penales posteriores, y pensando más allá, en las consecuencias que esto podría traer en la asunción de Artero el 10 de diciembre cuando jure como diputada provincial. Hay quienes se preguntan -si se llegara a demostrar impericia en el manejo de fondos públicos e incumplimientos de sus deberes-, si estaría habilitada para asumir como legisladora.

ADNSUR